La factura pública del aborto se dispara con la nueva ley

Ya no hay excusas. La sanidad pública debe pagar todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Se hagan en hospitales públicos o, como en el 98% de los casos, en clínicas privadas. Hasta hace algo más de un mes, las comunidades financiaban, de media, el 30% de los abortos. En la mayoría de los casos, lo pagaba la mujer de su bolsillo. Ahora, con la nueva ley, que no deja lugar a dudas de que la intervención está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública, esta cantidad se eleva al 60% de media, según las clínicas de abortos. El coste se dispara y hay comunidades que tratan de paliarlo con largos tiempos de espera para empujar a la mujer hacia la privada o con el cobro adicional de la anestesia general.

El aumento de la factura sanitaria duele ahora, en tiempos de crisis, más que nunca. Y varias regiones se lo han hecho notar a Sanidad, pidiéndole más dinero. Pero el ministerio de Trinidad Jiménez ya ha respondido que no ampliará el presupuesto.

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